El nuevo real decreto, ley 28/2018 de 28 de diciembre, eleva el incremento en la cotización de los contratos temporales de duración igual o inferior a cinco días del 36% al 40%.
Los argumentos sobre la necesidad de este cambio surgen para luchar contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración, además de querer equiparar la protección social de este tipo de contratos con los contratos de trabajo de corta duración mayor.
Desde la Asociación española de empresas de Azafatas, ADEAZA queremos hacer constar que estamos de acuerdo, y somos los primeros en defender el incremento de los salarios de los trabajadores, así como la mejora en las prestaciones sociales, y en ese sentido apoyamos todas las medidas que se tomen al respecto, pero no compartimos que se apliquen este tipo de incrementos sin establecer ninguna diferenciación.
Nuestra situación no es la misma que la de otros sectores.
Sin embargo, vamos a ser uno de los sectores más perjudicados por esta nueva regulación y este incremento que ya venimos sufriendo desde hace años por las mismas causas. Nuestra actividad es de por si eventual y se desarrolla por circunstancias de la producción. Dependemos en gran parte de la eventualidad de los congresos, eventos en general y de las necesidades de estos y de nuestros clientes.
No nos parece justo, que se penalice este tipo de contratos en un sector como el nuestro que no tiene otra forma de trabajar y contratar, ya que es el propio mercado el que define el tipo de contrato que tenemos que hacer. Los eventos, por norma general, no duran más de tres o cuatro días.
Congresos y eventos, Sector MICE, que por otra parte tiene una gran incidencia en la generación de empleo para los jóvenes; para muchos es su primera oportunidad de entrada en el mercado laboral y la manera de adquirir competencias transversales que complementan su formación teórica y técnica.
Nuestros contratos no son contratos fraude.
Las empresas profesionales, cuya actividad defiende nuestra asociación, son legales. No incurren en fraudes. No podemos ser medidos por el mismo rasero.
Se está penalizando a un sector que integra una parte importante del tejido productivo, sin tener en cuenta nuestra singularidad.
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